Reforma Laboral: más barreras para el crecimiento y la formalización de las MiPymes

En la Audiencia Pública sobre la Reforma Laboral convocada por la Comisión Cuarta del Senado de la República, advertimos sobre los riesgos que representa este proyecto para las micro y pequeñas empresas, que concentran más del 80 % del empleo informal en Colombia.

Desde el Instituto de Ciencia Política hemos respaldado al Congreso de la República en la defensa de su independencia y del principio de separación de poderes frente a reformas estructurales impulsadas desde el Ejecutivo, hoy le pedimos la misma responsabilidad institucional para enfrentar el debate sobre la Reforma Laboral, especialmente teniendo en cuenta tres elementos fundamentales:

La Reforma ignora las causas estructurales de la informalidad

Primero: esta no es una reforma que resuelva los problemas estructurales de informalidad y desempleo que enfrenta Colombia.

Segundo: según diversos índices internacionales Colombia presenta un mercado laboral altamente rígido e inflexible, con elevados costos de contratación y despido, y un marco normativo que impide que el empleo formal se adapte a las dinámicas sectoriales, tecnológicas y territoriales. 

Estas rigideces son un obstáculo directo para la formalización y la competitividad empresarial, que se ven agravadas por un contexto económico marcado por el estancamiento del crecimiento, la caída de la inversión privada y una creciente inseguridad jurídica y física.

Tercero: una Reforma Laboral no puede basarse únicamente en buenas intenciones. Se requieren criterios técnicos, análisis costo-beneficio y medición de impacto real sobre el tejido empresarial. 

Regulaciones que penalizan el crecimiento y encarecen la formalización

Algunos sectores que representan grandes empresas sostienen que ciertas medidas podrían adoptarse. Pero esa lógica es profundamente regresiva: quien verdaderamente sufre los efectos de estas rigideces son las micro y pequeñas empresas, donde se concentra más del 80 % del empleo informal. 

Plantear excepciones solo refuerza el problema: incentiva a las unidades productivas a mantenerse pequeñas para evitar cargas adicionales, consolidando un ecosistema laboral informal, estancado y sin capacidad de escalar.

De acuerdo con nuestra evaluación del texto que fue aprobado en la Plenaria de la Cámara de Representantes del Proyecto de Ley, a través del Índice de Afinidad con la Libertad Económica (IALE) del ICP, esta reforma restringe severamente esa libertad de los colombianos. 

En términos económicos, la reforma genera incentivos perversos que encarecen el empleo formal y reducen la capacidad de adaptación de las empresas. 

La imposición de contratos a término indefinido como regla general, el aumento de recargos nocturnos y dominicales, y la eliminación de contratos por prestación de servicios o por obra y labor, afectan directamente a las MiPymes y a sectores intensivos en servicios. 

La obligación de notificar, capacitar y reubicar a trabajadores afectados por procesos de automatización genera sobrecostos y retrasos en la implementación de nuevas tecnologías, afectando la competitividad empresarial. Como hemos advertido desde el ICP, estas medidas implican un desincentivo directo a la productividad marginal y erosionan la viabilidad de los emprendimientos emergentes.

Impactos sectoriales y restricciones a la libertad contractual

A nivel sectorial, los efectos son aún más severos. En el campo, donde predomina la estacionalidad y la rotación laboral, imponer contratos rígidos socava cualquier posibilidad de formalización. 

La eliminación de los artículos 31 y 32 del texto de la Reforma Laboral en la Cámara de Representantes fue una decisión acertada. Estas disposiciones, al imponer contratos rígidos y desconocer la estacionalidad del trabajo rural, habrían agravado la informalidad laboral, que ya supera el 85% en el sector agropecuario. El Senado debe evitar volver a incorporar propuestas que desconozcan la realidad del mercado laboral rural. 

En el turismo, el comercio, el entretenimiento y los servicios logísticos, el aumento de recargos y la redefinición de jornadas impactan la sostenibilidad de actividades que requieren operación continua. 

Las plataformas digitales, por su parte, enfrentan restricciones que limitan su capacidad de innovación y adaptación. El resultado es una mayor segmentación del mercado laboral, cierre de pequeñas unidades económicas y exclusión de personas que hoy encuentran ingresos en formatos alternativos de empleo.

Desde la perspectiva jurídica e institucional, la reforma representa un retroceso grave en materia de libertad individual y autonomía contractual. Al imponer condiciones laborales homogéneas desde el Estado, restringe la capacidad de empleadores y trabajadores de pactar de forma voluntaria los términos de sus contratos. 

La eliminación del contrato sindical y la ampliación de recargos obligatorios constituyen un atentado contra la negociación colectiva y la libertad de asociación. Como ya hemos señalado, esta asfixia regulatoria no sólo amenaza la estabilidad jurídica, sino que genera un entorno de incertidumbre propenso a la judicialización masiva de relaciones laborales.

Consecuencias fiscales y propuestas del ICP para una reforma viable

En lo fiscal, la reforma compromete la sostenibilidad del sistema de seguridad social y del equilibrio macroeconómico. Al encarecer el empleo formal y restringir la creación de empresas, reduce los aportes efectivos al sistema de salud y pensiones, incrementando la dependencia del gasto público y la presión tributaria. 

Al mismo tiempo, se proponen nuevos programas como el de Primer y Último Empleo, sin fuentes claras de financiación, lo que aumenta el riesgo de déficit estructural. Desde el ICP hemos alertado sobre un posible círculo de retroceso económico: menos empleo formal, menos ingresos para el Estado, más deuda, más impuestos y menos inversión.

La postura del Instituto de Ciencia Política no se limita a la crítica. Hemos planteado recomendaciones orientadas a un rediseño integral de la reforma con base en los principios de libertad económica, flexibilidad normativa y realismo productivo. Entre ellas destacan: 

(i) La reducción de costos de formalización mediante simplificación de trámites y modalidades contractuales diversas y flexibles.

(ii) Esquemas como el jornal agropecuario, como lo han venido proponiendo los gremios del sector, que permite remunerar de forma justa y proporcional al tiempo laborado, incluyendo prestaciones sociales. Este modelo es más viable y fomenta la formalización sin imponer barreras que desincentivan la contratación.

(iii) la promoción de la automatización, la inversión y la innovación sin cargas punitivas.

(iv) La garantía de condiciones mínimas de seguridad física y jurídica que permitan a los pequeños productores operar en un entorno favorable, con certidumbre y confianza.

Estas propuestas se insertan dentro de una visión más amplia. En línea con la hoja de ruta L3P “Liberar el Potencial de las Personas y el País”, el Instituto de Ciencia Política propone una transformación estructural del modelo laboral colombiano basada en libertad económica, desregulación y formación de capital para el crecimiento económico. 

Esto implica dejar atrás la lógica de uniformidad impuesta desde el Estado para permitir que la diversidad de sectores, regiones y formas de empleo florezcan bajo reglas simples, estables y pertinentes. 

Flexibilizar el mercado laboral, reducir los costos de formalización, habilitar modelos contractuales diversos y simplificar la seguridad social son pasos necesarios para liberar el potencial de millones de trabajadores y pequeñas empresas que hoy operan en la informalidad.