Reforma Laboral y sindicatos: consecuencias en el empleo y la libertad de asociación

Intervención

Carlos Augusto Chacón

Director ejecutivo Instituto de Ciencia Política (ICP)

Foro Reforma Laboral y sindicatos. Miércoles 13 de noviembre de 2024

Necesitamos un debate serio sobre el mercado laboral colombiano, que no parta de falsas premisas cargadas de sesgo antiempresa, que no vea la relación entre trabajador y empleador como una de explotación, sino de cooperación social para crear valor. Necesitamos que se entienda que flexibilizar no es precarizar y que la legislación debe adaptarse a las realidades de sectores como el rural, el tecnológico y el de servicios.

En el marco de las labores que desarrollamos en el ICP, con nuestras encuestas de Sabemos que estamos haciendo mensualmente con Yanhaas y con la formación a emprendedores y empresarios de MiPymes, con la que hemos llegado a más de 6.500 personas en 19 departamentos, 15 capitales y 51 municipios, hemos identificado tres asuntos que debería ser los pilares para diseñar una reforma laboral: 

• la gente quiere que la dejen trabajar y quiere ser parte del sector privado, ya sea como emprendedor, empresario o empleado de una empresa privada; 

• las trabas burocráticas, regulatorias y tributarias impiden la formalización y el crecimiento empresarial; y, 

• el problema de la informalidad está relacionado con las inflexibilidades del mercado laboral y las ineficiencias causadas por las intervenciones del Estado a través de regulaciones que imponen elevados costos de transacción.

La Encuesta Económica de América Latina que elabora la Fundación Getulio Vargas destaca que Colombia enfrenta un clima económico desfavorable, con una caída del indicador a 65,8 puntos en el segundo trimestre de 2024. Aunque hubo una leve mejora en la situación actual, las expectativas económicas han disminuido, lo que anticipa un posible empeoramiento en los próximos meses. Los principales problemas identificados incluyen la falta de confianza en la política económica y la falta de competitividad, lo que limita la capacidad del país para atraer las inversiones necesarias para la reactivación económica.

Por su parte el “Informe Nacional de Competitividad 2023-2024” del Consejo Privado de Competitividad (CPC) destaca que la confianza es un factor clave para mejorar la competitividad en Colombia y que el país requiere reformas laborales que anticipen los cambios en el mercado de trabajo y la economía digital.

La reforma laboral que se tramita en el Congreso no contribuye a mejorar la confianza inversionista, ni la competitividad, ni responde a las necesidades de los cambios del mercado del trabajo y la economía digital. Tampoco se compadece de los problemas del mercado laboral colombiano, que enfrenta enormes desafíos en materia de informalidad a causa de las rigideces que ya impone la regulación.

En Colombia existe desde hace tiempo una elevada interferencia del Estado en el mercado de trabajo, que impone normativas onerosas que limitan el derecho a contratar o trabajar, mediante regulaciones relacionadas con la fijación de salarios mínimos, regulaciones de contratación y despido, determinación inflexible de salarios, costos elevados de despido e interferencia para contratar mano de obra extranjera. Diversos índices internacionales del Fraser Institute, Legatum Institute y Heritage Foundation en materia de libertad económica así lo demuestran.

A través de nuestro Indicador de Afinidad con la Libertad Económica IALE, evaluamos cómo proyectos de ley, leyes aprobadas y el desempeño de los congresistas afecta las dimensiones de la libertad económica. 

De acuerdo con la medición de este indicador IALE, la Reforma Laboral tendría efectos negativos a corto plazo sobre el empleo, la formalización, la competitividad y la seguridad social que dificultarían la reactivación y el crecimiento económico del país. Según nuestro indicador IALE, el texto aprobado de Reforma Laboral en la Comisión Séptima de la Cámara obtuvo 24 % y el aprobado en la Plenaria de la Cámara de Representantes obtuvo un 22%, indicando un nivel de afinidad bajo con la libertad económica.

Como lo hemos indicado desde el Instituto de Ciencia Política en los documentos de análisis y recomendaciones respecto a la reforma laboral, la aprobación del Proyecto de Ley tendría impactos negativos en el empleo formal al incrementar los costos laborales como lo han señalado diversos gremios y restringir la flexibilidad en la contratación, afectando la capacidad de las empresas para adaptarse.

Las nuevas restricciones, como la limitación de los contratos a tiempo parcial y la estabilidad laboral reforzada, aumentarían los costos de despido y los trámites legales, desincentivando la contratación y llevando a una reducción en la creación de empleo.

Además, los ajustes en la jornada laboral, como la redefinición de las horas nocturnas y el incremento del valor de la hora en días festivos, impactarían negativamente a sectores estratégicos como el turismo y el entretenimiento, que se suponen son claves para la política de reactivación del Gobierno.