La judicialización internacional de Nicolás Maduro representaría un hecho de la mayor trascendencia para la seguridad hemisférica, el restablecimiento del orden democrático en Venezuela, la estabilidad regional; y, ante todo, una oportunidad para devolver esperanza a millones de venezolanos que han sufrido persecución y violencia, a los presos políticos y sus familias.

Para Colombia, esta coyuntura es particularmente relevante: diferentes reportes y antecedentes han advertido que el régimen ha permitido y facilitado la presencia del ELN y disidencias de las FARC en territorio venezolano, con efectos en regiones como el Catatumbo y Arauca.

La región no puede normalizar la impunidad: se requiere verdad, justicia y firmeza institucional.