¿Son las restricciones generalizadas a dispositivos electrónicos de vapeo una estrategia efectiva?

La implementación de restricciones a dispositivos electrónicos de vapeo, calentadores de tabaco y productos orales sin combustión, estos últimos divididos en Snus y Bolsitas de Nicotina, ha sido un tema de debate en los últimos años en Colombia. Actualmente, en el Congreso de la República cursa un proyecto de ley que tiene como propósito desincentivar su consumo mediante más restricciones a este tipo de productos.

Algunas de las medidas propuestas son prohibir su venta a menores de edad y ponerle una carga tributaria de hasta el 150%. Además, la iniciativa pretende regular la publicidad de los vapeadores y restringir su consumo en lugares cerrados como universidades, restaurantes y discotecas.

En algunos países como es el caso de Inglaterra, los sistemas electrónicos de administración de nicotina (SEAN) y los productos de tabaco calentado (PTCs), como vapeadores y demás dispositivos electrónicos han sido introducidas como alternativas al consumo de tabaco para reducir el daño que este último ocasiona a la salud. Este mecanismo ha demostrado ser eficaz frente a la disminución del consumo de tabaco y nicotina, consolidándose como una política pública efectiva.

Una verdadera regulación inteligente debe darse de manera diferenciada por tipo de producto, primar la protección de los menores de edad para que no tengan fácil acceso a estos dispositivos y contemplar la promoción clara e informada de estos productos, como alternativas más saludables para fumadores, más no para atraer nuevos consumidores.

Iniciativas que llegan al Congreso suelen ser positivas en la medida en que buscan proteger a los menores de edad, limitándoles el acceso a este tipo de productos alternativos. Sin embargo, son proyectos que no diferencian entre grupos poblacionales ni tipos de producto para la imposición de impuestos, se proponen ser prohibicionistas bajo el principio precautorio, argumentando la necesidad de restringir dado los riesgos altos, sin tener en cuenta la evidencia científica ni la importancia de propiciar un debate consciente e informado sobre las consecuencias no anticipadas y las externalidades negativas.

Los adultos deben tener la libertad de tomar decisiones sobre los productos que consumen, especialmente en el caso de los fumadores, ya que, esto puede ser una opción viable y eficaz para reducir los daños relacionados con el consumo de tabaco y nicotina. Al imponer restricciones en el acceso a estos productos, existe el riesgo de que los fumadores vuelvan a consumir tabaco regular, lo cual sería un resultado no deseado.

La imposición de un impuesto del 150% como lo propone el proyecto de ley podría incentivar la creación de un mercado negro para estos productos, generando problemas de seguridad y salud pública. La introducción de productos no regulados con poca vigilancia y menor calidad pueden contener sustancias peligrosas que no se encuentran en los productos legales y, por lo tanto, presentan un mayor riesgo para la salud de los consumidores.

Es crucial garantizar que las empresas legítimas no sufran las consecuencias de competir con productos provenientes del mercado negro, que además agravan la situación de salud pública y seguridad en el país. Nada de esto se logra cuando circulan productos ilegales sin ningún tipo de vigilancia.

Es común ver políticas públicas que no tienen en cuenta las consecuencias no anticipadas y las externalidades negativas que pueden surgir de determinadas estrategias. Mediante el estudio “contrabando de cigarrillos desde una perspectiva tributaria”, el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga – ICP, ha puesto en evidencia los efectos de un aumento en los impuestos al tabaco en el país, lo que se ha traducido en un claro aumento del contrabando, un escenario que por la similitud de las características del mercado  podría tener las mismas consecuencias en iniciativas como la prohibición o la sobrerregulación  a dispositivos electrónicos de vapeo o productos sin combustión.

El ICP cuenta con una propuesta de Marco Normativo basada en la reducción de riesgos y daños, en la que se contemplan estos desafíos y se da prioridad a la protección de los menores de edad. Este estudio, permite comprender más a fondo las implicaciones de estas políticas y, sin duda, contribuye a fomentar un debate informado y consciente.