Tarifas Diferenciales para el SOAT: Un riesgo para el principio de solidaridad que sostiene el seguro

En diciembre de 2022, mediante el decreto 2497, el Gobierno nacional estableció  la aplicación de rangos diferenciales para la tarifa del Seguro Obligatorio de Accidentes de tránsito (SOAT), otorgando un descuento del 50% a algunas categorías de vehículos. Los principales beneficiados serían los usuarios de motocicletas.

Un dato: meses previos (sep-22) al decreto, las motos representaban el 78,9% de los vehículos que no tenían SOAT (según el RUNT, de los 17,4 millones de vehículos que conformaban el parque automotor, 8,4 no contaban con el seguro, de los cuales 6,6 eran motocicletas).

Desde el Instituto de Ciencia Política advertimos que al ser una forma de subsidio que tenía tendencia de permanencia, incrementaría la carga fiscal, en un valor que se calculó, equivaldría a 2,5 billones de pesos. (más del 10% de la reforma tributaria)

10 meses después de su expedición, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, reconoció diciendo que, “la medida no dio los frutos que se esperaba dado que no disminuyó el porcentaje de personas que evadían la compra del seguro”.

Si bien apenas se expidió el decreto se incrementó la venta de pólizas para moto (38% frente a 2021, el mayor en 10 años), a mayo de 2023 (últimas cifras según Fasecolda), las ventas presentaron un aumento similar al de antes de la medida (18% en 2021, 13% en 2022, 19% en 2023)

Esta medida no incrementó la venta de pólizas. El gobierno tuvo que i) cubrir el 50% del descuento de quienes aprovecharon el subsidio, y ii) continuar asumiendo el costo de los accidentes de los evasores. Lo que significa más gasto público con dinero de los contribuyentes.

Por otro lado, a agosto de 2023, las motos continúan representando la mayor cifra de siniestros viales, estando involucrados en aproximadamente el 60% de los accidentes de tránsito (según cifras de la Agencia Nacional de Seguridad Vial).El decreto terminó promoviendo que los ciudadanos continuarán asumiendo los costos sociales y económicos de la accidentalidad.

En conclusión: deberíamos enfocarnos en lograr que los ciudadanos asuman la responsabilidad individual del pago oportuno de los seguros lo cual garantiza que quienes tengan mayores probabilidades de incurrir en un siniestro sean los responsables de asumir también el costo de preverlo, garantizando mediante el principio de solidaridad que rige los seguros, la sostenibilidad del sistema.